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La compañía se opone a la resolución del Consejo de Transparencia que insta a Sanidad a informar sobre un nuevo tratamiento contra el cáncer que cuesta 320.000 euros.
La farmacéutica Novartis ha decidido recurrir a los tribunales para evitar que el Ministerio de Sanidad haga públicos los criterios económicos y clínicos que el pasado noviembre le llevaron a aprobar la financiación pública del Kymriah. Este fármaco es la primera de las llamadas terapias CAR-T —células T con receptores de antígenos quiméricos— aprobada en España y está indicada para un tipo de leucemia linfoblástica aguda y otro de linfoma. El coste por tratamiento asciende a 320.000 euros.
La decisión de la compañía llega después de que el Consejo de Transparencia decidiera que “esta información debe estar disponible porque es de interés público”, ha comunicado esta mañana la plataforma No Es Sano, formada por media docena de entidades y que busca la transparencia en la actividad de las Administraciones relacionada con el precio de los medicamentos. Estas entidades son asociaciones de consumidores como OCU y CECU y la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), ente otras.
La polémica con el Kymriah se remonta al pasado noviembre, cuando en una primera reunión la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos rechazó dar luz verde a la financiación pública del fármaco. Esta decisión, sin embargo, cambió dos semanas más tarde. La razón fue, según Sanidad, que la compañía accedió a que la financiación del fármaco entrara dentro del nuevo modelo denominado “pago por resultados”, por los que las farmacéuticas ingresan la totalidad del precio de venta si sus productos cumplen con lo establecido en los ensayos clínicos.
En este caso, según fuentes sanitarias, el acuerdo contempla un primer pago que ronda los 180.000 euros y un segundo por el resto que se valorará transcurridos 18 meses. El pago por resultados, al estar vinculado a los ensayos clínicos y no a la supervivencia del paciente, requiere nuevas fórmulas que permitan hacer un seguimiento y registro de cada uso del fármaco y la evolución de los pacientes, reto que debe cumplir Valtermed, un nuevo sistema de evaluación que echará a andar el próximo 4 de noviembre.
La plataforma No Es Sano realizó a través del portal de transparencia una petición a Sanidad el pasado diciembre para conocer “el precio y los criterios terapéuticos y económicos que justificaban su aprobación”, recoge en su comunicado. La respuesta recibida en enero, sin embargo, quedó lejos de las expectativas de la plataforma al “ser genérica e incompleta.”
Este fue el motivo que llevó a No Es Sano a recurrir al Consejo de Transparencia, que consideró que estos criterios deben ser públicos. “Con el recurso, Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía”, ha lamentado hoy lunes Vanessa López, directora de Salud por Derecho, otra de las entidades que forma parte de la plataforma.
Novartis no ha respondido por ahora a la petición de información que le ha hecho llegar este diario. Sanidad, por su parte, asegura que dará “cumplimiento a lo que resuelvan los órganos competentes”.
“Es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras”, ha afirmado la directora de comunicación de la OCU, Ileana Izverniceanu, que ha añadido que esto es especialmente importante cuando “se conocen estimaciones de que el coste de desarrollo del fármaco es significativamente inferior”.
Ramón Gálvez, de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM, otra entidad de la plataforma) sostiene que “es primordial que quede justificado de forma transparente cada euro destinado a las terapias innovadoras, ya que como hemos visto en estudios presentados en el reciente congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (Esmo, en sus siglas en inglés), “la relación con la mejora de la supervivencia en algunas de las nuevas terapias innovadoras es muy débil en comparación con los fármacos ya existentes”.
Para Juan José Sendín, que responde a este diario como vicepresidente de la AAJM, es “fundamental defender que en la gestión de todo lo público reine la transparencia”. “Todo lo que no se pueda contar es sospechoso de estar contaminado y favorecer la corrupción, algo especialmente grave cuando hablamos de la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, añade Sendín, que también preside la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial.
Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de la espiral alcista que algunas de las nuevas terapias contra el cáncer estaban causando en la factura farmacéutica, hasta el punto de poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. La OMS alertó que “pese a las mejoras en salud, supervivencia, calidad de vida y modelo de atención al paciente” logrado con algunos tratamientos, “la literatura indica que una considerable proporción de terapias dirigidas que se han aprobado en los últimos 15 o 20 años solo muestran mejoras en objetivos secundarios [como el tamaño del tumor] sin mejorar la supervivencia ni la calidad de vida”.
Incluso en aquellos fármacos con algunos beneficios limitados, la OMS cuestiona si está justificado su elevado coste: “Algunos medicamentos muestran solo pequeños beneficios, con una media de supervivencia de tres meses, marginal según los expertos”.
Este organismo, por último, negó que los altos precios de algunas terapias estén justificados por los “costes de investigación y desarrollo de los nuevos medicamentos”. “Estos tienen poca o ninguna relación con la forma en que las empresas fijan los precios de los medicamentos oncológicos”, concluyó la OMS, que destacó “la falta de transparencia” que impera en un ámbito en el que son frecuentes los “acuerdos confidenciales” entre Gobiernos y laboratorios.
Fuente: El País
